Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos protege, entonces ¿quién lo hará?

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BACALAR QUINTANA ROO A 28 DE MARZO DE 2017.

A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A todo el pueblo maya.

A todas las personas que luchan por la justicia.

A las organizaciones de la sociedad civil que luchan y no se venden.

Cuentan los abuelos de nuestros abuelos que por el año 1761, en un antiguo pueblo maya del sur de Yucatán, inició una rebelión en contra de las injusticias que los blancos ejercían sobre los mayas. Los blancos eran dueños de grandes extensiones de tierra, cobraban impuestos excesivos a los pobladores, encarecían los productos para que la gente se endeude y pague con su tierra y así eran despojados de todo, hasta de sus semillas para que ya no puedan sembrar y los terratenientes les pudieran vender la semilla a precios exorbitantes; una especie de monopolio de las semillas y de los productos de la milpa. Es en ese tiempo que Jacinto Can Ek dijo en Cisteil: “Los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio, hicieron que el indio comprara con su sangre el aire que respira”, esto fue hace muchos años, así lo cuenta la historia.

Con este mismo espíritu combativo de Can Ek, los pueblos mayas del poniente de Bacalar, Quintana Roo, levantamos nuestra voz hecha palabra hacia todos los rincones de esta dolorosa geografía llamada México. Que esta voz rebelde retumbe y llegue a todos los pueblos indígenas de esta agitada nación y que sea escuchada también por nuestros hermanos no indígenas que luchan y no se venden, que también sea escuchada por las organizaciones de la sociedad civil que caminan con dignidad, que luchan, no claudican, no negocian con el gobierno y que tampoco se venden.

Nosotros y nosotras, apicultores, apicultoras, milperos, campesinas y cuidadores de las semillas nativas, queremos compartirles un poco de lo que hacemos todos los días en nuestro caminar por estas tierras; somos los cuidadores de nuestra madre tierra, la respetamos porque de ella venimos y de ella nos alimentamos, no podemos hacerle daño ni podemos venderla ni mucho menos rentarla, cuidamos las semillas nativas como parte de nuestra propia vida ya que sin ellas no podríamos subsistir, cuidamos y convivimos con las abejas porque nos proporciona la miel, que es la esencia de las flores y de la vida misma, cuidamos el maíz ya que es la semilla con que nuestra madre tierra nos alimenta todos los días, en nuestra lengua se dice Ixí’im, que significa seno de mujer.

Para nosotros como pueblo maya la milpa no es monocultivo, no es mecanizado, sino que es la variedad de cultivos que obtenemos de la tierra que nos proporciona una sana alimentación. Sin embargo, últimamente han llegado marcas de semillas y productos extranjeros elaborados a base de químicos sintéticos y glifosato que contaminan la tierra, el agua y por si fuera poco, la miel que es una parte fundamental de nuestra vida. Quieren acabar con nuestras semillas nativas para imponer sus semillas transgénicas, quieren contaminar nuestra miel, quieren enfermarnos para que sus ganancias sean mayores. A estos empresarios coludidos con el gobierno no les importa si vivimos o morimos, si nos enfermamos o no, lo único que les importa es ganar, ganar y ganar.

Es por eso que queremos contarles de la gran preocupación que se vive en nuestras comunidades, desde hace ya varios años, cuando nos enteramos de que el Gobierno Federal había otorgado un permiso, por tiempo indefinido, a la empresa transnacional Monsanto para sembrar sus semillas transgénicas en nuestros territorios.

Desde entonces, nosotros, habitantes del Poniente de Bacalar pertenecientes al pueblo maya, nos hemos dado a la tarea de conocer quién es y qué hace esa empresa, por dónde ha estado y qué piensan las comunidades en donde se ha asentado. Fue así que, buscando nosotros mismos la información que el gobierno nos negó, nos enteramos que había la posibilidad de que ese proyecto se desarrollara en nuestros territorios. Así nos enteramos de la triste situación que se vive en las comunidades de otros pueblos hermanos del sur de este continente arrasadas por la soya transgénica desde hace más de una década. Y entonces entendimos y nos preocupamos por el peligro y el grave riesgo de lo que enfrentaríamos en nuestras propias comunidades.

Sabemos que la siembra de esa soya transgénica autorizada requiere la aplicación de, cuando menos, dos millones de litros de glifosato al año, sabemos también que, desde el 2015, la Organización Mundial de la Salud
declaró al Glifosato como posible cancerígeno y que por las características de nuestros suelos, todos esos millones de litros de agrotóxico irán a parar a nuestras aguas subterráneas.

Sabemos bien lo que significa la implementación de este proyecto para nuestra vida y nuestra cultura: deforestación, pérdida de nuestras especies animales y vegetales, mortandad de abejas y pérdida de la apicultura, contaminación del agua y riesgos a la salud de quienes aquí habitamos, además del despojo de nuestros recursos naturales.

Por eso decimos que los impactos en nuestra cultura, vida y territorios serán terribles, y ya lo hemos empezado a ver con lo que ocurre en las comunidades de nuestros hermanos de Campeche, en donde la selva ha sido deforestada a razón de 28 mil hectáreas por año, según cifras oficiales, con efectos gravísimos a la actividad de la apicultura de las comunidades de la región. Es en Campeche también donde ya se ha demostrado la gran contaminación del agua subterránea, y no sólo del agua sino que se ha encontrado glifosato hasta en la leche materna.

¡POR ESTO NOS AMPARAMOS ANTE LA JUSTICIA FEDERAL, PARA QUE SE CANCELE ESE PERMISO Y NO PARA QUE NOS MANDEN UNA CONSULTA QUE NO RESUELVE EL PROBLEMA, SINO QUE TRAE MÁS PROBLEMAS A NUESTRAS COMUNIDADES!

El camino que hasta la fecha, nosotros hemos recorrido para tratar de solucionar este gran problema al que nos enfrentamos, ha sido el camino de las leyes, por eso llevamos casi 5 años en busca de la protección de la justicia, porque a pesar de los discursos gubernamentales en torno a los beneficios de la siembra de monocultivos en grandes extensiones, nosotros creemos que es imposible no ver las grandes afectaciones que trae consigo la siembra de la soya tolerante al glifosato, que ni siquiera es un producto que nosotros consumamos y que sólo beneficia a esa empresa multimillonaria a costa de nuestra salud y nuestra cultura. Nuestra búsqueda de justicia no la estamos buscando sólo para nosotros y nosotras, sino que también queremos que se otorgue la más amplia protección y amparo a todos los habitantes de nuestro país, al corregir los vacíos y vicios que hemos señalado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados ya que, es por este vacío legal que en nuestro país no se aplica debidamente el Principio Precautorio. Entonces ¿cómo se aplicará el principio precautorio para que un país megadiverso como el nuestro, garantice el más amplio cuidado de la biodiversidad y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, si no se corrigen las ambigüedades que existen en la legislación de algo tan importante como es este asunto?

Por todo esto los habitantes de los pueblos mayas de Bacalar, Quintana Roo DECLARAMOS :

Que nuestra dignidad y nuestra vida no la negociamos ni la vendemos.

Que defenderemos nuestro territorio de la voracidad de las empresas – gobierno, porque aquí es donde se alimenta la memoria de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas.

Que no permitiremos que nos despojen de nuestros recursos naturales, a pesar de las leyes en contra que tenemos que defienden al empresario y no a los intereses de los pueblos.

Que no permitiremos más engaños de la empresa Monsanto que se vende a sí misma como una gran benefactora de los campesinos y promotora de la “sustentabilidad”, pero que en realidad es un enorme negocio de agrotóxicos que además patenta nuestras semillas para desaparecerlas e imponer sus transgénicos.

Que no permitiremos que nuestra madre tierra se convierta en un “mercado verde” que se compra y se vende… en “bonos de carbono”.

Que no permitiremos que con el engaño de las energías “limpias”, las empresas deforesten enormes cantidades de selvas y bosques en nuestros territorios y que hagan de la siembra de monocultivos, como la palma africana la “reforestación alternativa”.

Los pueblos mayas de Bacalar, en Quintana Roo hacemos un llamado a los Ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación para que restituyan el Estado de derecho hacia nuestros pueblos y se haga verdadera justicia para nosotros. Los ministros de la Segunda sala que resolverán este caso tienen la oportunidad histórica para reivindicarse como verdaderos promotores de la justicia o como defensores de las empresas, esperamos que su compromiso con los pueblos originarios de este país los puedan acercar a la justicia con dignidad.

La sesión para resolver la resolución postergada es este 29 de marzo en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ponencia está a cargo del Ministro José Fernando Franco González.

Las comunidades mayas de la región Poniente de Bacalar estamos a la espera de la palabra y la manera en que la Suprema Corte se pronunciará respecto a nuestra petición ante la Justicia. Igualmente agradecemos a los medios de comunicación honestos que han estado y siguen estando atentos ante este hecho de gran relevancia.

Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar

Colectivo de Semillas Nativas “Much kanan I’inaj”

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