Carta abierta al Ministro de la Suprema Corte, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza.

Chetumal, Quintana Roo a 27 de marzo de 2017

Ministro Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza.

Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dirigimos a
usted con la intención de hacerle llegar nuestra palabra, nuestros pensamientos y expectativas
respecto a un asunto en el que están involucradas las comunidades en las que habitamos, y que ahora
mismo ustedes tienen en sus manos para atender y resolver.

En el año 2014, orillados por la necesidad de contar con la protección de la justicia de la Unión,
presentamos nuestra demanda de amparo en los juzgados del estado de Quintana Roo, exponiendo los
agravios que nos representa el permiso que le fue otorgado a la empresa Monsanto por parte del
gobierno federal. Este permiso, como usted ya debe saber, le permite a la empresa semillera y de
agrotóxicos sembrar su soya transgénica en 253,500 hectáreas que abarcan varios estados de la
República, pero, lo que nos parece más grave es que se le otorga ese permiso para sembrar
organismos genéticamente modificados en nuestros territorios por tiempo indefinido, obteniendo,
además, un provecho comercial a costa de poner en riesgo nuestra salud y subsistencia.

Nosotros, habitantes del Poniente de Bacalar pertenecientes al pueblo maya, nos hemos dado a la
tarea de conocer los impactos inminentes y potenciales en nuestra vida y territorios de este tipo de
práctica agrícola industrial, que se basa en la deforestación de grandes hectáreas de selva, el uso
intensivo del glifosato, catalogado por la OMS como posiblemente cancerígeno y que para las
características de nuestros suelos podría implicar la contaminación de los mantos freáticos ubicados en
nuestros territorios.

Sabemos bien lo que significa la implementación de este proyecto para nuestra vida y cultura:
deforestación, pérdida de biodiversidad, mortandad de abejas y pérdida de la apicultura,
contaminación del agua y riesgos a la salud de quienes aquí habitamos.

En días pasados se entrevistaron con usted nuestros hermanos de Campeche, para hacerle saber, de
viva voz que los procesos de consulta no son la solución al problema, pues han generado un mayor
daño a las comunidades, así como revictimización. Al pronunciarse sobre nuestro asunto, nuevamente
tienen la oportunidad de emitir una sentencia justa, que cancele el permiso otorgado de manera
irregular a la empresa Monsanto y, así, impedir que nuestras comunidades sean puestas en riesgo para
favorecer un interés privado.

Como seguramente ya lo sabe, los estudios recientes hechos en la Península de Yucatán confirmaron la
presencia de glifosato en el agua y en la leche materna.

Nosotros hemos demandado la cancelación del permiso, por lo que ordenar la celebración de una
consulta que no hemos pedido nos parecería una manera de evadir nuestra petición y desviar la
impartición de justicia, postergando para el siguiente caso la deuda histórica que el Estado mexicano
tiene con los pueblos indígenas de nuestro país.

Atentamente

El representante común en el juicio con expediente AR921/2016
Integrante del Colectivo Much’ Kanan I’inaj
Integrante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar

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