Carta abierta al Ministro José Fernando Franco González Salas

Para nosotros es fundamental que el máximo
tribunal de nuestro país atienda nuestra demanda: la cancelación del permiso que por tiempo indefinido
le fue otorgado a la empresa Monsanto para sembrar soya genéticamente modificada en nuestros
territorios. Este permiso fue aprobado de manera ilegal al no considerar las opiniones técnicas vinculantes
de las instancias que recomendaron no otorgarlo dados los riesgos inminentes y potenciales que podrían
generarse en nuestros territorios y, en consecuencia, en la salud de quienes los habitamos. Si la ley no
logra impedir tales riesgos, sino que, por el contrario, los autorizan, ¿no habrá algún problema con la ley?

Chetumal, Quintana Roo a 27 de marzo de 2017

Ministro Ponente José Fernando Franco González Salas.

Ministro, nos dirigimos a usted con la intención de presentarnos y que conozca nuestra opinión con
respecto al proyecto de sentencia que se elaboró para el recurso de revisión identificado con el número
de expediente AR 921/2016 y que a continuación enunciamos.

Quienes suscribimos la presente pertenecemos al pueblo maya de la Península de Yucatán. Como pueblo
originario defendemos y cuidamos nuestro territorio, entorno vital en donde se establece y reproducimos
nuestra cultura.

Queremos expresar nuestra confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, queremos
destacar la trascendencia que tiene para nuestras comunidades el pronunciamiento que esta Segunda
Sala hará en próximos días sobre el asunto que nos atañe. Para nosotros es fundamental que este máximo
tribunal de nuestro país atienda nuestra demanda: la cancelación del permiso que por tiempo indefinido
le fue otorgado a la empresa Monsanto para sembrar soya genéticamente modificada en nuestros
territorios. Este permiso fue aprobado de manera ilegal al no considerar las opiniones técnicas vinculantes
de las instancias que recomendaron no otorgarlo dados los riesgos inminentes y potenciales que podrían
generarse en nuestros territorios y, en consecuencia, en la salud de quienes los habitamos. Si la ley no
logra impedir tales riesgos, sino que, por el contrario, los autorizan, ¿no habrá algún problema con la ley?

Nosotros hemos optado desde antes por promover las semillas nativas, la agricultura orgánica y la milpa.
La celebración de una consulta, que además no hemos solicitado, resulta innecesaria. Además, no
entendemos cómo es posible que una consulta previa pueda celebrarse después de otorgado el permiso
y de que ya se ha comenzado a sembrar la soya transgénica en nuestro municipio.

Nuestra esperanza está puesta en ustedes, a quien pedimos que nos amparen ordenando la cancelación
de un permiso expedido ilegalmente y de mala fe con base en una legislación que le abre estas
posibilidades de actuación discrecional injustificada a las autoridades administrativas en la materia.

Nosotros no deseamos que se celebre en nuestro territorio una consulta, pues le reiteramos que ya
hemos expresado desde diversos medios y formas nuestra posición en contra de la siembra de organismos
genéticamente modificados.

Señor Ministro, le agradecemos que se tome el tiempo de leernos y que nos haya permitido acercarnos
a usted más allá de las fojas que conforman nuestro expediente. En el marco de una historia que suele
dejarnos al final, los pueblos originarios peleamos por nuestra sobrevivencia exigiendo el respeto de
nuestros derechos, no es otra cosa lo que le hemos pedido a la Justicia de la Unión.

Representante común en el juicio de amparo con expediente AR921/2016
Integrante del Colectivo Much’ Kanan I’inaj
Integrante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar

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